La Ministra Isabel Celaá y el presidente de CEPES y Ucoerm mantienen una reunión con la reforma de la Ley de Educación LOMLOE de fondo

El pasado 18 de Noviembre, tuvo lugar en Madrid un encuentro entre la Ministra de Educación, Isabel Celaá, y el presidente de CEPES y de UCOERM, Juan Antonio Pedreño. Al acto asistieron, además, el presidente de UECOE, Ángel Javier Martínez, el secretario de Estado Alejandro Tiana y la Directora General de Formación Profesional..

A lo largo del encuentro Juan Antonio Pedreño trasladó a la ministra la preocupación del sector de la concertada, y en concreto de las cooperativas de enseñanza, por las consecuencias que pudiera causar sobre el sector la reforma de la ley educativa, ya conocida como ‘Ley Celaá’. Pese a que la ministra insistió en que ningún empleo de la concertada se perdería, el presidente de Ucoerm manifiestó que la ley debería ser más clara y no estar nunca sujeta a una interpretación arbitraria que pudiera darse en el futuro. Por ejemplo, en la Exposición de motivos de la Ley se explicita la libertad de elección de centro por parte de los padres y madres y tutores y sin embargo esa claridad no se manifiesta de igual modo en el articulado. Esta es una ley que debe de salir con el máximo consenso posible y aún existe la posibilidad de conciliar posturas en el debate en el Senado.

Otro de los aspectos tratados en la reunión fue el hecho de que la reforma elimine el carácter complementario de la escuela concertada, de manera que la generación de plazas públicas pudiera tener como consecuencia una disminución de plazas concertadas, algo que provoca la incertidumbre del ámbito de la enseñanza concertada. De hecho, en el texto de la reforma, la concertada sólo se reconoce en niveles obligatorios y como subsidiaria, en aquellas zonas donde la oferta pública no sea suficiente para atender las necesidades de escolarización. A juicio del presidente de Ucoerm, las dos redes conviven en estos momentos y hay elementos para hacer que se cumplan los deseos de una escolarización equilibrada y un reparto equitativo de los alumnos con Necesidades educativas especiales, algo que comparte el sector cooperativo.

Otro aspecto que preocupa es el referido a la Educación Infantil, aún reconociendo como señaló la propia ministra que sólo el 35% de los alumnos y alumnas de esas edades están escolarizados y que su aspiración es llegar al 50-55%.  En la reforma aparecen términos como “incrementarán progresivamente el número de plazas públicas”, lo que podría conllevar por un lado a pérdidas de puestos de trabajo ( como está ocurriendo ahora por la baja natalidad)  y que la escolarización de los padres se produjese en esos centros y después fuese más dificultoso que sus hijos e hijas se matriculasen en otros centros a partir de los 3 años. Este apartado unido a la situación de baja de la natalidad genera un estado de incertidumbre ante la pérdida de alumnado y de puestos de trabajo de estas docentes. Estas y otras de esas cuestiones que preocupan fueron señaladas en el manifiesto suscrito por las cooperativas asociadas a UCOERM y apoyado por la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia, FAMPACE, que ya publicamos la semana pasada.

El papel de la Economía Social en el desarrollo de la Formación Profesional

En la segunda parte de la reunión Pedreño hizo mención a la presentación por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del Plan de Modernización de la Formación Profesional, un plan que, a través de la colaboración público-privada, pretende garantizar una formación y cualificación profesional que facilite la incorporación y la permanencia de la población en el mercado laboral, dando así cobertura a las necesidades del sector productivo. Además, de querer dar respuesta también a la creciente oferta de puestos de trabajo que requieren una cualificación intermedia.

Pedreño señaló que ambos objetivos son compartidos plenamente por las empresas y entidades de la Economía Social, unas entidades que vienen colaborando históricamente en el sector educativo, complementando la oferta de servicios públicos desde la acción concertada que realizan las cooperativas de enseñanza en todos los niveles educativos y los centros de educación especial promovidos desde el sector de la discapacidad.

“La Economía Social contribuye pues a ampliar la oferta de servicios educativos en nuestro país, representando el 20,5% de los oferentes privados del sector en la educación pre-primaria y primaria; el 25,1% en la educación secundaria; y el 28,5% en la post-secundaria, lo que avala su significativa presencia en todos los niveles educativos y su contribución a la existencia de una amplia y variada oferta en los mismos. En el marco de la Economía Social hay más de 600 cooperativas de enseñanza (UECOE) y otras tantas empresas de Formación y Centros de Formación Profesional para el empleo, ocupacional y reglada que aportan su experiencia y recursos a los trabajadores/as y socios”.

Con el ánimo proactivo de la Economía Social de contribuir y colaborar como un aliado de los poderes públicos en todos los sectores de actividad en los que están presentes sus empresas, Pedreño le trasladó a la ministra el deseo de CEPES de participar en el diseño, desarrollo e implementación de esta nueva estrategia del Gobierno de España en relación a la formación profesional. “Consideramos que nuestra confederación empresarial aporta su bagaje y experiencia en este ámbito y que el Gobierno debe contar con nosotros, tal y como en su momento el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez nos manifestó en una reunión mantenida en la sede del PSOE con la Junta Directiva de CEPES. como un aliado más para continuar avanzando de manera efectiva en el reto de lograr un sistema de formación profesional adaptado a las necesidades formativas que requiere el sistema productivo y a las necesidades educativas y formativas de los niños y jóvenes, y de los trabajadores ocupados y desempleados.”

En último lugar, el presidente de CEPES le manifestó a la ministra el interés y la solicitud de la Junta Directiva de CEPES de participar de forma activa en el Consejo General de la Formación Profesional, como órgano consultivo, de participación institucional y de asesoramiento del Gobierno en materia de Formación Profesional. Así lo explicó Pedreño: “Somos conocedores de la adscripción de este órgano consultivo a su Ministerio a través de la Secretaría General de Formación Profesional, así como que el régimen jurídico que lo regula en la Ley 1/1986, de 7 de enero, establece en cuanto a su composición la participación de 19 vocales por parte de las organizaciones empresariales más representativas. En este sentido, entendemos que los datos que le he trasladado anteriormente en cuanto a la participación de empresas y entidades de Economía Social en el sector educativo, así como las políticas de modificación, reforma y cambio que el Gobierno actual está realizando en múltiples aspectos, entre ellos y de forma prioritaria el Sistema de Formación Profesional, ofrecen el escenario y el momento oportuno e idóneo para una modificación legislativa que permitiera incorporar en el seno de ese Consejo General a los representantes de las organizaciones empresariales de la Economía Social.